DEFENDER

v.

1. Amparar, liberar, proteger.

2. Mantener, conservar, sostener algo contra el dictamen ajeno
Ing: En inglés, alguien que defiende a los demás.

DEFENDER es un esfuerzo personal para visualizar el trabajo de los defensores de derechos humanos en Colombia que están siendo amenazados y asesinados por su trabajo. En el 2016, conocido como "el año de la paz", cuando el gobierno y la guerrilla de las FARC firmaron un acuerdo de paz que puso fin a 52 años de guerra, se registraron 78 asesinatos de defensores de derechos humanos que realizaban un trabajo legítimo y legal: líderes indígenas, activistas ambientales, líderes LGBT y abogados. A mediados del 2017 continúan los asesinatos, uno cada cuatro días.

Es paradójico que mientras Colombia avanza en la implementación del Acuerdo de Paz, estas agresiones continúen generando un clima de ansiedad y desconfianza en las posibilidades de construir una paz estable donde los conflictos se resuelvan por medios democráticos. Las amenazas y los asesinatos son ocasionados por el control territorial, el acceso a recursos como el petróleo y la minería de oro, investigaciones sobre crímenes de guerra como desapariciones forzadas, entre otras. La violencia se atribuye a dudosos grupos neo-paramilitares como los "Aguilas Negras", o sicarios que trabajan con el crimen organizado, pero muchos defensores sospechan de los agentes de seguridad que trabajan para industrias privadas o las propias fuerzas de seguridad del Estado. Este es el otro lado del proceso de paz en Colombia.

Algunos defensores amenazados tienen un sistema de seguridad proporcionado por el estado, pero muchas veces la seguridad proporcionada no es suficiente y la impunidad es desenfrenada. Aumentar la visibilidad de su trabajo y la atención nacional en muchos casos sirve como una forma de protección para estos líderes. Mi proyecto nació de una colaboración con el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (CAJAR), que representa a defensores en todo el país. Actualmente sigo documentando defensores y los temas que ellos respaldan en otras regiones de Colombia.

La siguiente serie de imágenes muestran tres defensores de derechos humanos en varios departamentos de Colombia y las personas y comunidades que ellos defienden.

Héctor Sánchez

Líder comunitario – Meta

Sandra Pérez de 34 años de Unuma, Meta, de la nación indígena Sikuani. Sandra se preocupa por su hermano menor que ha sido vocal contra las compañías petroleras y su contaminación de la tierra. Debido a tanta violencia contra los líderes sociales en la región, ella teme por su vida. Rubiales, Meta, Colombia 9 de abril de 2017

Mayores de la comunidad Sikuani entran a una reunión entre Ecopetrol y la comunidad. 8 de abril de 2017 Rubiales, Meta, Colombia

Héctor Sánchez, líder comunitario de la vereda de Rubiales sale de su camioneta blindada, la cual le fue entregada por el estado Colombiano como parte de su Unidad Nacional de Protección. Héctor ha recibido varias amenazas de muerte de los "Águilas Negras" y cree que las amenazas realmente provienen de fuerzas de seguridad de Ecopetrol que quieren intimidar a desalojar de su comunidad por su activismo. Lleva seis meses en su esquema de protección con carro blindado, dos guardaespaldas y un chaleco antibala. Rubiales, Meta, Colombia. 10 de abril, 2017

A community member of Rubiales, Meta speaks in front of the oil company Ecopetrol during a community meeting offering his testimony of contamination wrought by oil exploration. Ecopetrol called the meeting as it aims to expand its dumping of water used in oil extraction into the rivers from 300,000 liters to 600,000 liters of water a day. Rubiales, Meta, Colombia. April 8, 2017

Members of the local government and the National Association Environmental Licenses listen to arguments between Ecopetrol oil company and the community as Ecopetrol aims to expand its dumping of water used in oil extraction into the rivers from 300,000 liters to 600,000 liters of water a day. Rubiales, Meta, Colombia. April 8, 2017

Members of the Sikuani indigenous people listen to Ecopetrol explain why it wants to expand its dumping of water used in oil extraction into the rivers from 300,000 liters to 600,000 liters of water a day. Rubiales, Meta, Colombia. April 8, 2017

Security forces and workers stand by idly during a meeting held between Ecopetrol oil company and the local community in Rubiales, Meta. Signs posted by the community members read, "No more contamination! No amplification of the environmental license!" and "We are in the hands of the multinationals supported by a corrupt state that doesn't recognize the farmers." Rubiales, Meta, Colombia. April 8, 2017

Two Ecopetrol employees shake hands while two local fishermen affected by oil pollution listen to a meeting between Ecopetrol and the community of Rubiales to ask permission to increase the amount of water used in the extraction of oil from rivers from 300,000 liters to 600,000 liters Liters per day. Human rights defenders claim links between oil companies and paramilitary groups. Rubiales, Meta, Colombia. April 8, 2017

Paisaje alrededor de la comunidad de Rubiales, Meta, donde petróleo ha sido extraído por más de 25 años, primero por la compañía canadiense Pacific Rubiales y ahora por Ecopetrol. Según líderes locales y ambientalistas, los ríos y la tierra han sido contaminados, lo que ha causado terremotos que afectan la infraestructura local. 10 de abril de 2017 Rubiales, Meta, Colombia

Camiones levantan un polvo grueso a través de un paisaje entrecruzado por las tuberías que llevan aceite y agua. Pobladores se quejan de que la contaminación del polvo ha causado problemas respiratorios y la contaminación por el ruido ha afectado tanto a animales como a seres humanos. 9 de abril de 2017 Rubiales, Meta, Colombia

Héctor Sánchez stands along the fenceline of an Ecopetrol base in Rubiales, Meta where he is not allowed to enter. Rubiales, Meta, Colombia. April 9, 2017

Oil processing infrastructure in Rubiales, Meta where water used to extract the oil is filtered before being returned to the rivers. April 9, 2017. Rubiales, Meta, Colombia

Niños juegan en una piscina un domingo por la tarde. Muchos de los ríos de la región han sido contaminados por derrames de petróleo, escurrimiento de lodo contaminado o agua reciclada utilizada en la extracción de petróleo que se devuelve a los ríos. Los padres temen que estas aguas puedan afectar a sus hijos. Rubiales, Meta, Colombia 9 de abril de 2017

Un material sintético que cubre las orillas del río para el control de la erosión que ha transformado el paisaje natural. Rubiales, Puerto Gaitán, Meta, Colombia. 10 de abril de 2017

Material sintético cubre la orilla del río para resistir la erosión de la tierra causada por las aguas utilizadas en la extracción de petróleo que se devuelven a los ríos. Ecopetrol le está pidiendo permiso a las comunidades locales de aumentar la cantidad de agua utilizada en la extracción de petróleo y luego filtrada de 300.000 barriles a 700.000 barriles diarios. Rubiales, Meta, Colombia 10 de abril de 2017

A lizard perches upon the synthetic material covering the riverbank as filtered water used in oil extraction is duped back into the river. Rubiales, Meta, Colombia. April 10, 2017

Hector Sanchez goes over paperwork sent by Ecopetrol with Azdrubal Linares Vaca, a local farmer who's freshwater lagoons were contaminated by an oil spill. One side to Hector's work is assisting community members with building their legal cases after their properties have been contaminated. Rubiales, Meta, Colombia. April 10, 2017

Asdrubal Linares Vaca, un agricultor local en su propiedad. Un derrame de petróleo en el Caño Rubiales en el 2013 contaminó 5 de sus 6 lagunas y mató a todos sus animales, contaminando también la fuente de agua de su familia. Santa Elena, Meta, Colombia. 10 de abril de 2017

La casa y familia de José Jesús Barragán Rodríguez de Caño Rubiales quien creció aquí. Dice que "en el dia, son 2, 4, 5, 7 temblores, y todo eso ha dañado a las casas, ha dañado todo lo que tenemos acá." Rubiales, Meta, Colombia. 10 de abril, 2017

In front of a construction site where a new police station will be built, a sign clearly reads "This is a work of the national police and does not belong to Pacifc Rubiales" the former oil company which sold its shares to Ecopetrol. Rubiales, Puerto Gaitan, Meta, Colombia. April 9, 2017

Ecopetrol engineers talk outside a mobile office in an Ecopetrol operations base near the community of Rubiales. Rubiales, Meta, Colombia. April 9, 2017

Héctor Sánchez spends time with frinds in his community during a mall barbeque on a Sunday afternoon. Rubiales, Meta, Colombia. April 9, 2017

Hector Sanchez photographs oil contaminated mud that was recently dumped illegally by a dump truck. When it rains, the mud will end up flowing into the local rivers. Rubiales, Meta, Colombia. April 9, 2017

A creek bed caked in oil contamninated mud where an oil spill occured months earlier. Evidence of the spill and subsequent clean up shown by police tape that runs through the dying trees. Rubiales Meta, Colombia. April 9, 2017

Modesto Paredes Vega de 66 años, dice que "el paraíso ha terminado", refiriéndose a sus 10 hectáreas de tierra que compró hace 10 años. Aparte del bosque lleno de pájaros y animales que él dice han desaparecido, Modesto tenía un proyecto de pescado donde tenía 1.000 peces en cestas en el río que murió debido al agua caliente y contaminada que es devuelta a los ríos. Su tierra también experimenta terremotos, 800 en un año debido a la proximidad de su propiedad a Pad 6, una plataforma de inyección de agua para extraer petróleo. Modesto dice que se convertirá en un desplazado ambiental. Rubiales, Meta, Colombia 10 de abril de 2017

The reflection of Hector Sanchez as he passes by an oil refinery while traveling with his bodyguard in an armored SUV provided to him by the Colombian state as part of his National Protection Unit. Hector has received several death threats from the "Aguilas Negras" and believes that the threats really come from Ecopetrol security forces who want to intimidate him to dislodge his community for his activism.For six months he has had this security scheme of an armored car, two bodyguards and a bulletproof vest. Rubiales, Meta, Colombia. April 9, 2017

“No vengas a casa, te van a matar”.

Héctor Sánchez utiliza una cámara de apuntar y disparar para documentar la evidente contaminación ambiental y las condiciones de vida que han sido afectadas debido a que la industria petrolera opera en su comunidad. Activista ambiental, dirigente sindical y presidente de una organización comunitaria, presto servicio en el ejército y fue desplazado dos veces por el conflicto armado. Ahora lidera la lucha contra Ecopetrol, la empresa petrolera más grande de Colombia, que recientemente adquirió y se hizo cargo de la exploración de la reserva petrolera Rubiales de la transnacional canadiense Pacific Rubiales.

Más de la mitad del petróleo producido en Colombia proviene del departamento del Meta y más de la mitad de eso proviene del municipio de Puerto Gaitán. El 83.5% de la población rural vive por debajo del limite de pobreza en este municipio. Pacific Rubiales invirtió al menos setenta millones de dólares en el Ministerio de Defensa entre el 2017 y el 2014, lo que llevó a la creación del Batallón 15 de Energía Especial, que proporciona seguridad a los yacimientos petrolíferos y a las empresas que los operan. Desde la desmovilización paramilitar en el 2005, se ha producido un resurgimiento de "neo-paramilitarismo" en el Meta, bajo los nombres de "Bloque Libertadores de Vichada" y "Bloque Meta", así como el grupo nacional “Aguilas Negras”. Entre 2012-2015, según estadísticas oficiales, 640 personas fueron desplazadas en el municipio de Puerto Gaitán, Meta.

En el curso de su activismo, Héctor ha recibido constantes amenazas de muerte en forma de panfletos y mensajes de WhatsApp presuntamente enviados por los grupos paramilitares. Fue encarcelado durante diez semanas por falsas acusaciones y sobrevivió un intento de asesinato en Bogotá. La última amenaza dirigida a Héctor fue el 25 de marzo del 2017 y desde diciembre del 2016, ha recibido medidas estatales de seguridad. También se enfrenta a cinco procesos judiciales abiertos contra él, todos los cuales fueron presentados por empresas subcontratadas por Pacific Rubiales, en particular las compañías de seguridad privada.

Julia Figueroa

Abogada de derechos humanos – Santander

Julia Figueroa, human rights lawyer and leader of the CCALP, all women's legal collective, walks to her state provided bullet proof SUV with her bodyguard after a syndicate meeting in Bucaramanga, Colombia. May 8, 2017.

Julia Figueroa, human rights lawyer and leader of the CCALP, all women's legal collective, speaks with Imelda Oliva Martinez Reyes whose two children were disappeared, after a meeting at the Central Unitaria de Trabajadores in Bucaramanga, Colombia on May 8, 2017.

Descending 80 meters into the mountain to a ASOMIWA gold mine. The mining cooperative that has built the community's and it’s own infrastructure, investing its profits in its people is now threatened by a private company to be displaced in order to sell the land to a transnational mining company. Mina Walter, Sur Bolivar, Colombia. May 12, 2017.

Evan Manuel Sepa Anguilla, 24, William Moreno, 37, Luis Miguel Gil, 39 and Servant Four, 29 work mechanized, spinning barrels to separate the mud of the mountain in a process to extract gold. They are members of the ASOMIWA cooperative which is being threatened by a private mining company that wants to sell the land to a transnational corporation. South Bolivar, Colombia. May 12, 2017

In the community of Alto Caribona, known as Mina Walter, there is no presence of the Colombian State. It was built and maintained by the people themselves who generate electricity, provide water, built the school, church, clinic and the gold mines themselves. South Bolivar, Colombia May 12, 2017

Marisol Cueto, 42 (second from left), with her nieces Mayerly, 24, Yessica, 12 and Viviana, 32 in her restaurant. Marisol was one of the founders of Mina Walter 15 years ago and is now concerned that her family and business may be displaced by economic interests in the mine by a private company. Mina Walter, Sur Bolivar, Colombia May 12, 2017

José Manuel, 35, and his wife Luz Marina originally from Otavalo, Ecuador have been in Sur Bolívar for 17 years selling clothes in mining towns but feel at ho Mina Walter is home now where they are part of the community. Jose works in the mine every now and then to earn more money to send remittances to his four children in Ecuador. Mina Walter, Sur Bolivar, Colombia. May 12, 2017.

ASOMIWA president, Alirio Rojas Viejas (left), has received multiple threats against his life due to his activism by the paramilitary group Los Gaitanistas. Mina Walter, Bolívar, Colombia May 11, 2017

The writing on the walls of the streets of Bucaramanga read, "Destroy this society, it's defenders, it's false critics." Bucaramanga, Colombia May 9, 2017

Julia Figueroa, human rights lawyer and leader of the CCALP, all women's legal collective, meets with two young lawyers from the region who she is recruiting into her cooperative in the office during the evening in Bucaramanga, Colombia. May 9, 2017.

Julia Figueroa, human rights lawyer and leader of the CCALP, all women's legal collective, in the street outside her office. She has received multiple death threats in the street and has been followed, fearing for her life at times. She is now assigned two armed escorts, a bullet proof jacket and an armored truck for her protection, although she fears her very own escorts' ties to the military may put her at risk. Bucaramanga, Colombia. May 9, 2017.

“Izquierdista, Mujer radical de carácter fuerte”. – Informe de inteligenica del DAS, 2005

Julia Figueroa fundó en Bucaramanga, Santander el colectivo de abogadas Cccalp (El Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez) para "luchar contra la impunidad y defender el territorio". Este trabajo implica acompañar a las madres de las víctimas de falsos positivos, en particular a las del municipio de Ocaña. Cccalp ha documentado 65 casos de asesinatos extrajudiciales (falsos positivos) de 79 personas por parte del ejército colombiano y actualmente está acompañando a 6 casos legales. Además, el colectivo representa una cooperativa comunitaria de extracción de oro bajo amenaza de desplazamiento para ceder derechos minerales a una empresa transnacional en una zona que nunca ha estado bajo el control del Estado colombiano, sino varios grupos guerrilleros y paramilitares.

Desde que se formo Cccalp, Julia y su equipo se han enfrentado a amenazas telefónicas y escritas, amenazas de bomba a la oficina, acusaciones de apoyo a las guerrillas de las Farc, robo de información de la oficina e interferencia eléctrica de los sistemas de oficina, todos atribuidos al ya desaparecido aparato de seguridad estatal colombiano: DAS.

Aunque se le ha asignado seguridad proporcionada por el estado en forma de un camioneta blindada y un chaleco antibalas, así como dos guardaespaldas de tiempo completo, Julia teme por su seguridad personal y el de su equipo de abogados en las calles de Bucaramanga. Tres veces se le ha seguido abiertamente como una táctica de intimidación mientras caminaba sólo cuadras de su oficina y le preocupa que sus detalles de seguridad puedan traicionarla por su trabajo que se considera por muchos con vínculos con organizaciones militares y paramilitares, un trabajo "izquierdista".

Miller Dussan

Profesor/organizador comunitario – Huila

Members of ASOQUIMBO return to their hometown at 3am after a ceremonious homecoming for their battle against the Italian transnational company ENEL which constructed the Quimbo dam on the Magdalena River, displacing some 30,000 farmers and fishermen and disrupting a productive agricultural region. Neiva, Huila, Colombia. 18 de marzo, 2017

An old boat floats among dead trees in the flooded Magdalena river valley which is now a reservoir for the Quimbo hydroelectric dam near the town of Las Jaguas, Huila, Colombia. March 18, 2017

A jet ski passes under a recently constructed bridge running over the Quimbo dam reservoir that fills the Magdalena river valley near the town of Las Jaguas, Huila, Colombia. March 18, 2017

Members of ASOQUIMBO join together in a rally in the central park of Neiva, Huila to listen to Miller Dussan and other resistance leaders before a homecoming event in the capital city. Neiva, Huila, Colombia 2017 / Miembros de ASOQUIMBO durante un plantón de los líderes del movimiento en el parque central de Neiva, Huila. 17 de marzo, 2017. Neiva, Huila, Colombia

Members of ASOQUIMBO stand together in front of a large crowd to receive a ceremonious homecoming for their battle against the Italian transnational company ENEL which constructed the Quimbo dam on the Magdalena River. Neiva, Huila, Colombia. 17 de marzo, 2017

Miller Dussan, professor and leader of ASOQUIMBO is interviewed by the local media during a homecoming rally for the resistance in Neiva, Huila, Colombia.

A fisherman manages to catch a fish in a flooded tributary river that used to flow through forest into the Magdalena River, but now dies in the reservoir created by the Quimbo dam, greatly reducing the fish population due to algae blooms and disruption of habitat. Near Las Jaguas, Huila, Colombia. 2017

Stumps are all that is left of forest that once stood along the banks of a tributary river that flowed into the Magdalena River and was the source of fishing for many local fishermen before the construction of the Quimbo dam. Near Las Jaguas, Huila, Colombia. March 18, 2017

A young man observes the Magdalena River a few kilometers after the Quimbo dam from a restaurant lookout. Writing on the wall says "Forbidden to climb the wall." Local fishermen say that according to the construction of the dam, the river no longer flows and has reduced the amount of fish to a level below what they can subsist on. March 19, 2017. Near the Jaguas, Huila, Colombia.

Miller Dussan (second from right), professor and leader of ASOQUIMBO rides up to the base of the Quimbo dam with local fishermen who have been part of the resistance to the construction of dams along the Magdalena river. Neiva, Huila, Colombia.

“Ríos para la vida, no para la muerte”.

8,586 hectáreas de tierra aptas para el cultivo de cacao, tabaco, maíz, frijoles, plátanos, café y papaya se encuentran bajo el plácido tanque de agua retenida por la represa del Quimbo, que impide que fluya al río Magdalena. Los aproximadamente 30.000 agricultores que trabajaban esas tierras tuvieron que evacuar y encontrar nuevos hogares en el 2015 con la finalización del mega proyecto de la empresa italiana Enel y su filial colombiana Emgesa.

Para Miller Dussan, profesor e investigador de la Universidad de Neiva en la capital del departamento del Huila, eso no sentó bien. Dejó la finca de su familia a los 11 años para comenzar a trabajar y mantener a su familia y "ha estado luchando desde entonces". Con estudios universitarios de la Universidad de Barcelona y una Maestría en Desarrollo Social y Educativo, formó la Asociación de personas afectados por el proyecto hidroeléctrico El Quimbo (Asoquimbo) junto con las comunidades afectadas y desplazadas por la construcción de la represa. Asoquimbo, formado por unos 3.000 agricultores, pescadores y mineros artesanales, asegura que sus medios de subsistencia fueron destruidos junto con algunas de las tierras agrícolas más productivas y pacíficas de Colombia, mientras que la represa genera energía para otras industrias extractivas en lugar de servir a la población local.

Como figura administrativa del grupo de resistencia de Asoquimbo, Miller se ha convertido en blanco de múltiples procedimientos judiciales contra él directamente por parte de Enel-Emgesa así como de los ejercito colombiano. Cargos como "obstrucción de los caminos públicos que afectan al orden público" y "invasión de tierras" llevan penas de hasta doce años de prisión. Aunque las acusaciones siempre han sido rechazadas por falta de evidencia probatoria al iniciar sus propias investigaciones, esta táctica sirve para inhibir su trabajo al desacreditarlo a Dussan y al movimiento mientras que pone presión emocional, psicológica y financiera sobre su familia. El resultado intencionado de estos ataques es limitar el proceso democrático de las comunidades que pretenden someter a las empresas al escrutinio público para la construcción de mega proyectos.